EL NACIONAL
VICENTE DÍAZ
Leopoldo López está preso no por ser una amenaza, sino por ser opositor. Manuel Rosales está en el exilio por lo mismo. El general Raúl Baduel derivó de héroe en criminal al hacerse opositor. Henrique Capriles fue tildado de asesino. Julio Borges fue golpeado. María Corina fue despojada de su investidura sin derecho de defenderse, y ahora acusada de magnicida. La lista es larga. ¿Es peligroso ser opositor?
El Estado tiene ahora
otra deuda con el país. Tiene que probar que Leopoldo López es culpable. Lo
acusaron de varios crímenes. Se entregó. Se puso a derecho. El derecho lo
protege, debe ser juzgado en libertad: es inocente hasta que quienes le acusan
puedan demostrar que es culpable. Y eso no ha sucedido. Nadie debe demostrar su
inocencia. Eso manda la ley. El Estado decidió saltarse la ley, lo dejaron
preso sin haber sido condenado. Antes lo inhabilitaron sin haber sido
enjuiciado.
Muchos de quienes
gobiernan fueron víctimas de persecuciones, luchaban por lo que creían, algunos
se alzaron en armas. A no pocos se les violaron sus derechos. Hubo hasta
torturas y asesinatos. Ahora es lamentable ver inquiridos devenidos en
inquisidores. Perseguidos en persecutores. Víctimas en victimarios.
López ha sido tratado
como criminal, castigado por opinar, en situación de aislamiento. A su propia
familia le ha sido negada su visita en múltiples oportunidades. Sus amigos han
sido impedidos de verlo. Lo mismo pasa con sus compañeros de partido.
Y Leopoldo López no se
ha alzado en armas. Ni ha convocado acciones violentas. El Estado tiene el
derecho y el deber de enjuiciarlo si lo considera culpable. Pero tiene que
demostrarlo en un juicio justo, imparcial, transparente y público, no como esa
audiencia que lo mantuvo privado de libertad y dio luz verde al juicio, a la
que no pudo entrar ni su familia.
Los delitos de opinión
solo existen en dictadura. Y este es un gobierno elegido por voluntad popular.
Entonces su deber es demostrar esa culpabilidad, insisto, con pruebas
diferentes a las opiniones de Leopoldo, y claro está recabadas cumpliendo con
la ley, en juicio público para que sea creíble, y por jueces autónomos con base
en criterios jurídicos y no políticos. Y mientras tanto debe estar en libertad.
Actuar en contrario es desdecir la voluntad del pueblo, que mediante su voto ha
ratificado su deseo de vivir en democracia; lo cual supone cumplir con la ley,
empezando por el Estado.
No comparto ningún
camino diferente del electoral para sustituir un gobierno. Aun cuando el
ecosistema electoral venezolano deba ser recompuesto para hacerlo realmente
democrático e impedir la monstruosidad que hemos tenido con un candidato como
Henrique Capriles Radonski que compitió contra todo un Estado que cuenta, entre
muchos recursos usados con ventaja y en contravención de lo legal y de lo justo,
con un sistema de medios públicos devenido en herramienta de propaganda del
partido oficial.
Cualquier otro camino
diferente del electoral es ilegítimo. Aun cuando un gobierno tenga la
popularidad en el piso, porque popularidad y legitimidad no es lo mismo. Las
popularidades van y vienen. La legitimidad es derivada de la aplicación de la
Constitución tanto en la génesis del poder como en el ejercicio del mismo.
Todos los caminos
planteados públicamente por López: renuncia, reforma, asamblea constituyente,
terminan siempre en una elección. No los comparto porque el primero es
voluntario y el resto tienen fines diferentes y más trascendentes que cambiar
un gobierno, por muy desastroso que le parezca a quienes los promueven. Se
podrían considerar equivocados. Pero no son un delito.
Está preso por
opositor.
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