En Venezuela
existen mil razones para protestar, ninguna para ejercer la violencia. Y mucho
menos para que, por otra parte y de forma inaudita, se incite desde el poder.
Desde la caída
de la dictadura la violencia nunca ha sido un camino eficaz, y mucho menos deseable, para el cambio del poder. La violencia es
condenable venga de donde venga. Solo engendra más violencia.
Pero el
derecho a la protesta pacífica es un derecho humano universal
Leopoldo Lopez
debe ser juzgado en libertad, como manda la Ley. Ya demostró que no existe ningún riesgo de que deje el país, voluntariamente se ha puesto a
derecho. El gobierno debe presentarle al país cuales son las supuestas pruebas que lo incriminan,
el país solo lo ha visto convocando
manifestaciones pacíficas
Es ilegal y
criminal que existan bandas de civiles armados como soporte de un Estado. Eso
se llama paramilitarismo. El gobierno venezolano lo ha condenado en Colombia,
igual debe hacerlo aquí. Y proceder en consecuencia.
Es
responsabilidad del Estado garantizar la paz ciudadana respetando el estado de
derecho y los derechos humanos.
Funcionarios de la Guardia Nacional y el Sebin han sido grabados destruyendo la propiedad y disparando armas
de fuego. Hay serias denuncias de gravísimas violaciones de derechos humanos.
Los responsables deben ser pasados a la justicia.
Es inaceptable
que acudan funcionarios armados con armas mortales a contener manifestaciones o
protestas.
Debe cesar de
una vez por todas el discurso maniqueo que desde el poder estigmatiza a todo
quien no esté con el gobierno como fascista, lacayo o traidor. Algunos sectores de la
oposición que la cuestionan también han incurrido en este práctica perniciosa. La promoción de la polarización es altamente peligrosa para un país por las tensiones que genera
y acumula. Se pueden liberar en cualquier momento de
formas terribles e insospechadas.
Asumir de
entrada que las protestas son parte calculada del guión de un golpe de estado, deja al gobierno con la
represión como su único camino sin pasearse por la consideración de que puedan existir razones de fondo, algún malestar profundo que ha
encontrado solo esa manera de hacerse escuchar.
No hay forma
de imponer modelos extremos, colectivistas o neoliberales, en un país cuyo equilibrio en los resultados
electorales indica que los venezolanos reclaman una visión conjunta y un camino al desarrollo
en el que nos reconozcamos todos.
El gobierno
debe convocar un diálogo nacional con quienes legítimamente lo adversan para, sin renunciar
a su condición de gobierno, buscar construir esa visión y ese camino compartido donde ningún venezolano se sienta excluido. Ya
hay demasiados venezolanos viviendo en países extranjeros. Y mucho peor,
sintiéndose extranjeros en su propio país
Las reglas del
juego sobre las garantías y condiciones para elecciones justas no deben quedar fuera de ese diálogo necesario.
Vicente Díaz
